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Tendencias en foco n°15. Políticas públicas de juventud en América Latina y el caribe: ¿Qué sabemos sobre planes, institucionalidad y herramientas

Ernesto Rodríguez se enfoca sobre el diseño de planes, políticas y programas de juventud en América Latina y el Caribe, que han tenido en los últimos tiempos un desarrollo considerable, a tal punto que puede afirmarse –con el respaldo de una abundante evidencia- que la producción de los últimos veinticinco años equipara la realizada en el siglo anterior a la fecha referida.

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Evaluaciones programáticas y diseño de planes y proyectos**

El diseño de planes, políticas y programas de juventud en América Latina y el Caribe, ha tenido en los últimos tiempos (desde la celebración del Año Internacional de la Juventud en 1985 en particular) un desarrollo considerable, a tal punto que puede afirmarse –con el respaldo de una abundante evidencia- que la producción de los últimos veinticinco años equipara la realizada en el siglo anterior a la fecha referida.

Del mismo modo, resulta importante destacar que al contrario de lo que ocurrió hasta mediados de los años ochenta, desde entonces se ha avanzando notoriamente en términos cualitativos, sobre todo en lo que atañe al despliegue de esfuerzos sustentados en enfoques más científicos y menos “intuitivos” o “ensayísticos”, que trataron de mirar las políticas públicas de juventud con enfoques más integrales e integrados, procurando superar la sectorialidad con que dichas políticas funcionaron hasta entonces.

En la misma línea, importa destacar que los enfoques que han primado en los diseños más recientes, han tratado de superar resueltamente la visión –muy arraigada hasta no hace mucho tiempo y todavía vigente en buena parte de los tomadores de decisiones- que mira a los jóvenes como un “problema” o como un “grupo de riesgo”, procurando sustentar las propuestas en enfoques más modernos, entre los que se destacan los que asumen que los jóvenes son “sujetos de derecho” (retomando la Convención Internacional de los Derechos del Niño) y “actores estratégicos del desarrollo”.

En este marco, se ha tratado de ir superando los enfoques más tradicionales de la gestión pública en estos dominios, especialmente en lo que atañe a la excesiva centralización (promoviendo la descentralización correspondiente), la pretendida universalidad (promoviendo enfoques focalizados) y la ya aludida sectorialidad (promoviendo la integración y la articulación de respuestas programáticas a todos los niveles), concretando avances dispares en los diferentes casos nacionales.

Pero más allá de estos y otros elementos en común, es evidente que entre estos “planes” existen algunas diferencias, desde la lógica de los principales enfoques utilizados en el diseño correspondiente a cada país. Así, Costa Rica, Nicaragua y Panamá, son claros ejemplos del “enfoque de derechos”, mientras que los casos de México y El Salvador, son ejemplos del enfoque que toma a las y los jóvenes en su calidad de “actores estratégicos del desarrollo”.

En términos comparados, a la luz de las evaluaciones disponibles, importa realizar algunos comentarios y aportar también algunas propuestas para encarar estos desafíos a futuro.

En primer lugar, habría que recordar que, salvo el caso del Programa “Chile se Compromete con los Jóvenes”, ninguno de los planes diseñados ha podido ser implementado efectivamente. En la mayor parte de los casos, porque se trata de formulaciones extremadamente generales, que no se pueden aplicar –tal cual están formuladas- en la práctica efectiva de las políticas públicas, pero también porque en casi ningún caso se identificaron con precisión las responsabilidades institucionales y las partidas presupuestarias que podrían hacer viable dicha implementación, y porque –en muchos casos- no se trabajó efectivamente en la obtención de la correspondiente legitimación política y social de las propuestas formuladas.

En segundo lugar, habría que decir que más allá de las limitaciones propias de cualquier dinámica burocrática en estos dominios, los enfoques que primaron entre los impulsores del diseño de las propuestas programáticas disponibles, fueron muy limitados, abarcando a grupos importantes pero siempre minoritarios y no representativos de jóvenes, a algunos expertos y a algunas instituciones públicas, pero sin trabajar decididamente con los “tomadores de decisiones”, que son los que –nos guste o no- van a pesar decisivamente en la aprobación y la implementación de cualquier iniciativa de este tipo, en todos los países de la región.

No resulta sencillo explicar por qué se ha trabajado de un modo tan limitado y se han cometido errores como los mencionados, pero seguramente, ha incidido la escasa experiencia de muchos de los impulsores de estas iniciativas en la gestión pública, junto con el deseo de aprobar (aunque fuera de un modo más formal que real) propuestas que reflejaran en buena medida sus propias concepciones (algo que no ocurre cuando estos procesos se cierran con acuerdos reales y efectivos, donde todos los actores relevantes hacen pesar sus puntos de vista y sus enfoques particulares). En cualquier caso, lo ocurrido refleja la existencia de un gran desconocimiento de las “reglas” con las que funcionan las políticas públicas y/o la apuesta de los dirigentes políticos jóvenes que han estado al frente de los organismos gubernamentales de juventud, que han preferido desplegar acciones de alto impacto en el corto plazo más que en procesos de largo plazo, más productivos para las políticas de juventud pero escasamente rentables (¿será así?) en términos políticos.

Pero aún en el plano de las definiciones más generales, habrá que reflexionar profundamente sobre la experiencia desplegada en estos últimos años. Uno de los ejes fundamentales en este sentido, es el que contrapone la construcción de políticas públicas de juventud desde la “construcción de espacios específicos para la participación juvenil” y el enfoque de quienes proponen (proponemos) la inclusión de una “perspectiva generacional para todas las políticas públicas” (como la perspectiva de género). Otro de los ejes centrales del debate, tiene que ver con los roles y las funciones de los organismos gubernamentales de juventud, donde claramente se oponen las visiones de quienes priorizan (priorizamos) la articulación y la dinamización, y la de quienes priorizan la rectoría y la ejecución directa.

Es evidente que esto va más allá del debate sobre los “enfoques” (de riesgo, de derechos, actores estratégicos, etc.). Se trata de sumergirse –efectivamente- en el “como” más que en el “que” hacer, en términos muy operativos, y para ello, hay que conocer profundamente la dinámica real y efectiva de las políticas públicas, que son –nos guste o no- mucho más “incrementales” que “racionales” (retomando viejos debates entre especialistas en estos dominios) y se vinculan mucho más con la “reforma” que con la “revolución”, por más que a muchos (independientemente de sus posturas ideológicas y políticas) les gustaría que todo cambiara radicalmente y hoy mismo.

Evaluando la institucionalidad y la inversión pública en juventud

Durante la preparación y celebración del anterior Año Internacional de la Juventud, en la primera mitad de los años ochenta, apenas existían tres países con instituciones gubernamentales especializadas en promoción juvenil en América Latina: el Movimiento Nacional de Juventudes (MNJ) de Costa Rica, el Consejo Nacional de Recursos para la Atención de la Juventud (CREA) de México y el Ministerio de la Juventud de Venezuela. Desde entonces, se han creado instituciones de este tipo en todos los países de región, lo cual muestra los avances concretados en este sentido.

Pero, ¿de qué tipo de instituciones estamos hablando?; ¿qué tipo de roles y funciones están desempeñando?; ¿cuáles han sido sus impactos efectivos en la dinámica de las políticas públicas de juventud y en el mejoramiento de las condiciones de vida de las y los jóvenes?; ¿con qué recursos –humanos, infraestructurales, financieros- han contado?; ¿qué tipo de orientaciones han impulsado?; ¿qué evaluaciones se han hecho de su funcionamiento efectivo?; ¿cómo podría potenciarse su incidencia efectiva en el futuro próximo?.

El análisis comparado demuestra que se trata de instituciones muy diversas entre sí; mientras algunas son Institutos Nacionales que gozan de cierta autonomía de funcionamiento, otras son simples Direcciones de algún ministerio, otras son “Programas Presidenciales” y hasta hay algunas con rango ministerial (Secretarías de Estado, propiamente dichas). Pero en general, han contado con escasos recursos y han tenido una escasa incidencia en la dinámica de las políticas públicas de juventud.

En general, en las leyes y decretos que las han creado, se han asignado –con gran amplitud- toda clase de roles y funciones a desempeñar, pero se han priorizado los relacionados con la articulación interinstitucional, el monitoreo y la evaluación de planes y programas, al tiempo que se han restringido –con ambigüedades en algunos casos en particular- los roles ligados a la ejecución directa de planes y programas destinados a la juventud.  En la práctica, en cambio, muchas de estas instituciones han ejecutado diversos programas directamente, entrando en conflicto –muchas veces- con otras instancias institucionales.

En la mayor parte de los casos, junto con las instituciones gubernamentales de alcance nacional o federal, existen instancias institucionales estaduales o departamentales (regionales, provinciales) y municipales o locales. En paralelo, en varios casos se cuenta con Comisiones de Juventud en los Poderes Legislativos, y con instancias especializadas en niñez y adolescencia (por ejemplo) en los Poderes Judiciales. Si bien se  ha incluido este tipo de instancias institucionales en algunas evaluaciones, la mayor parte se concentran en la evaluación de las instituciones de alcance nacional o federal, adscritas al Poder Ejecutivo.

      ¿Cómo se explican las limitaciones que han tenido las instituciones gubernamentales de juventud?; ¿es solo una cuestión relacionada con su reciente creación?; ¿se explica solo por el tipo de Directores (más “políticos” que “técnicos”) que han tenido?; ¿es solo un problema de falta de recursos (humanos, financieros, etc.)?; ¿se explica –al menos en parte- por la supuesta o real “apatía” juvenil?; ¿o se trata –sobre todo- de razones más estructurales, que atraviesan a gobiernos y países muy dispares desde todo punto de vista?. Hay muchos argumentos que fundamentan la pertinencia de las razones “estructurales”, por más que –en casi todos los casos- inciden otros factores más “coyunturales”, del estilo de los mencionados en las diferentes preguntas formuladas.

      Uno de los problemas centrales, tan obvio como relevante, es el referido a la propia condición juvenil, transitoria por definición: la condición juvenil se pierde con el paso de los años y aún en el marco de la propia etapa juvenil existen diferencias muy marcadas entre quienes tienen 15, 18, 22 o 25 años. Esto le imprime a las políticas de juventud características muy particulares, ya que dicha transitoriedad las afecta o determina muy directamente. Las políticas educativas reconocen esto claramente, al organizarse en ciclos ligados directamente con la edad de los estudiantes, pero ello no ocurre ni en las políticas de empleo ni con las políticas de salud (por ejemplo) y mucho menos en las políticas relacionadas con la violencia y la seguridad o con la participación ciudadana (por citar otros ejemplos igualmente relevantes). Sin caer en la caracterización justamente criticada de la juventud como una simple etapa en la vida de las personas, no se puede desconocer esta transitoriedad al momento de diseñar e implementar políticas públicas.

      El argumento anterior se refuerza si le sumamos otro de los errores que comúnmente se cometen en este tipo de procesos, esta vez, sustentado en el denominado “juvenilismo”, que considera que las políticas públicas de juventud son un asunto de exclusiva responsabilidad de los propios jóvenes. Así, en general, se reclama que quienes se encargan de estas políticas en la esfera del gobierno, no tengan más de determinada edad (25 o 30 años, por ejemplo) o se exige que  los responsables de las políticas públicas de juventud en las esferas del gobierno, sean elegidos por los propios jóvenes. El argumento es muy original (nadie reclama que los niños elijan a quienes administran políticas públicas en este sector) pero es –además- muy peligroso, pues llevado a sus extremos, podría ser tildado de corporativo y hasta de antidemocrático, en la medida en que desconoce la legitimidad de la designación de dichos funcionarios, por parte de autoridades de gobierno legítimamente instaladas (a partir de elecciones democráticas).

      Por lo dicho, hay un gran trabajo para hacer, articulando los esfuerzos de jóvenes y adultos, en torno a enfoques estratégicos que aseguren el despliegue de iniciativas promocionales integrales, que brinden a los jóvenes las herramientas para procesar de la mejor manera posible su integración social autónoma y el ejercicio pleno de sus derechos ciudadanos. Por todo lo dicho, lo que hay que combatir es el “adultismo” y no a los adultos, y en la misma línea, enfrentar resueltamente el “juvenilismo”, tan peligroso e inconducente como otras  “desviaciones” generalmente destacadas en los debates sobre estos temas.

      Los problemas existentes en el dominio de las políticas públicas de juventud en general, y los que se evidencian en el funcionamiento de las instituciones gubernamentales de juventud en particular, no pueden resolverse por la simple vía de dotar a estas últimas de más recursos (humanos, infraestructurales y financieros). Hace falta instalar verdaderos “sistemas institucionales de juventud”, estructurados en base a la labor de diversas redes interinstitucionales, operando en diferentes esferas específicas, operando con una precisa distribución de roles y funciones,  superando el aislamiento con el que se opera hasta el momento.

      La base de la constitución de dichos sistemas institucionales, debería incluir una Comisión Interministerial de Juventud (con representantes de alto nivel de las diversas Secretarías de Estado), una Comisión Interestadual o Interdepartamental de Juventud (articulando la labor desplegada en los diferentes niveles territoriales de gobierno), una Comisión Parlamentaria de Juventud (que revise el impacto de cualquier proyecto de ley en las nuevas generaciones y no se dedique solamente a negociar y a aprobar una “ley general de juventud”), un Consejo Nacional o Federal de Juventud (que agrupe a representantes de las organizaciones y los movimientos juveniles existentes), una Red de ONGs especializadas en Juventud (incluyendo universidades, organizaciones de la sociedad civil, etc.), una Red de Expertos en Juventud (reuniendo a los principales investigadores especializados) y una Red de Comunicadores Sociales (procurando con ellos mejorar la imagen que sobre la juventud brindan los diferentes medios).

Para que dicho conjunto de redes particulares o sectoriales pueda funcionar dinámica y eficientemente, habría que contar con una instancia institucional articuladora (ubicada preferentemente en la Presidencia de la República o en los Ministerios de Planificación) que cumpla funciones de articulación, animación, planificación, monitoreo y evaluación de planes y programas, que no cumpla funciones de ejecución directa, y que pueda colaborar centralmente con el sistema en su conjunto, desplegando acciones definidas y priorizadas colectivamente. En su conjunto, el funcionamiento debiera estructurarse en redes, evitando las relaciones de dependencia entre los diversos componentes del sistema, lo que implica cambios sustanciales en la dinámica de las políticas públicas, en todos nuestros países.

En este marco, resulta imperioso contar con una visión más precisa y rigurosa de la inversión pública de recursos presupuestarios y extra presupuestarios en las y los jóvenes. Los estudios disponibles demuestran que –lejos de lo que suele suponerse- se invierten cantidades significativas de recursos en las nuevas generaciones (entre el 5 y el 15 % del presupuesto, según los casos) pero dicha inversión no se corresponde –ni de cerca- con las prioridades establecidas en los documentos de política nacional de juventud en ningún caso.

Así, mientras que en los documentos de política pública aprobados por los respectivos gobiernos (en las instancias institucionales correspondientes) se priorizan la inserción laboral y la participación ciudadana (por ejemplo) en los presupuestos se asignan los recursos a educación (y sobre todo a educación superior), al tiempo que mientras en las definiciones políticas se priorizan las y los jóvenes “vulnerables”, en los presupuestos los recursos benefician abrumadoramente a los jóvenes “integrados”. Adicionalmente, la inversión en juventud está exageradamente concentrada en gastos de funcionamiento, restando partidas muy limitadas para inversión efectiva.

Evidentemente, la asignación de recursos tiene sus propias lógicas (acumulativas, altamente corporativizadas, etc.) y cambian muy lentamente, pero en el caso de las políticas de juventud, estos problemas se refuerzan con la ausencia de un actor corporativo que promueva una mayor y mejor inversión en las generaciones jóvenes.

Herramientas de trabajo y estrategias de intervención

En los últimos veinte años, hemos asistido al desarrollo de numerosas herramientas de trabajo en el dominio de las políticas públicas de juventud, incluyendo –en particular- la aprobación de leyes de juventud (para ordenar y modernizar las normas vigentes en estos dominios), la realización de encuestas nacionales de juventud (para alimentar los diagnósticos de situación), la instalación de “observatorios” de juventud (para sistematizar el monitoreo y la evaluación de planes y programas), y el desarrollo de centros de información juvenil y portales en internet (para procesar y difundir información sobre y para la juventud), entre otras.

El desarrollo de las mismas es muy diverso, al igual que sus principales características. Así, existen países donde estas herramientas ya están consolidadas y realizan aportes regulares en sus respectivos dominios, mientras que en otros, su desarrollo todavía es incipiente y sus aportes efectivos son más relativos, existiendo incluso varios casos donde se cuenta con algunas de ellas pero se carece de otras, dependiendo de las prioridades que en cada caso se han ido fijando en este sentido. Así, mientras países como Chile y México se destacan entre los más avanzados, varios otros (como Bolivia, Guatemala, Honduras y Paraguay) muestran procesos más incipientes. Países como Argentina, Brasil, Colombia y Perú se ubican en posiciones intermedias, junto a otros como República Dominicana, Uruguay y Venezuela.

Pero las diferencias que pueden constatarse no tienen que ver solamente con los diversos niveles de desarrollo; además, resultan evidentes importantes diferencias de enfoque en torno a la propia concepción de los diversos instrumentos enumerados. ¿Qué lecciones se pueden extraer de las diferentes experiencias desplegadas? ¿Basta con tener encuestas de juventud que recojan solo percepciones juveniles? ¿Es mejor contar con leyes acotadas o con leyes integrales? ¿Cómo se podrían consolidar y generalizar los Observatorios de Juventud? ¿De qué modo se podrían potenciar los Centros de Información Juvenil? Las evaluaciones disponibles muestran que los enfoques más “cerrados” han sido muy limitados, mientras que las herramientas más “abiertas” han logrado mejores impactos.

En el campo legislativo, por ejemplo, es evidente que aunque existen antecedentes relevantes, lo que hoy conocemos como “leyes de juventud” es un conjunto de instrumentos legales que se comenzaron a aprobar en los años noventa. La primera de ellas, aprobada en 1991, fue la ley que creó el Instituto Nacional de la Juventud (INJ) de Chile, una ley “acotada” a dicha función y que fue imitada –luego- por la ley que creó el Instituto Mexicano de la Juventud (IMJ) en 1999 y el Consejo Nacional de la Juventud de Perú (CONAJU) en 2002, igualmente “acotadas”. Si bien en los tres casos hay algunas consideraciones más generales, la esencia de estas leyes fue institucional. En cambio, con la aprobación de la Ley de Juventud de Colombia en 1997, se abrió un proceso que luego fue imitado por otros varios países de la región (República Dominicana en 2000; Nicaragua, Costa Rica y Venezuela en 2002) con pretensiones más abarcativas e “integrales”, pensadas como leyes incluyentes de todos los temas relacionados con la juventud, y centradas en los derechos de las y los jóvenes. El tiempo transcurrido, ha demostrado que son leyes que no han tenido –prácticamente- ningún impacto relevante, en la medida en que casi todo lo que tratan de regular, ya está regulado en leyes más generales destinadas a toda la población. Pero en paralelo, poco se hace por lograr que las y los jóvenes sean positivamente tenidos en cuenta en las diferentes leyes aprobadas en los Parlamentos, y éstas sí afectan –en general negativamente- a las nuevas generaciones.

En lo que atañe a las encuestas de juventud, desde que en 1990 se realizó la Primera Encuesta Nacional de Juventud del Uruguay, gran parte de los países de América Latina procuraron contar también con herramientas de este tipo para fundamentar más rigurosamente sus políticas públicas de juventud. Así, desde entonces, se han realizado esfuerzos similares en Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, El Salvador, Guatemala, México, Panamá, República Dominicana y Venezuela, pero se trata de “productos” muy disímiles entre sí, difíciles de comparar y con enfoques bastante diferentes en más de un sentido (las de Chile y México son las más rigurosas) concretadas desde los Institutos Oficiales de Estadística (en la mayor parte de los casos) y con “socializaciones” muy variadas (algunas no pasan de la presentación de una simple “lectura de cuadros”). A futuro, todo parece indicar que se torna imperioso contar con formatos comunes (que faciliten la comparabilidad entre países) que cuenten con marcos teóricos sólidos (para evitar el simple “anecdotario”) que se puedan aplicar regularmente en el tiempo (para hacer comparaciones en el tiempo) que sean explotadas intensivamente (en el marco de programas de investigación rigurosos y sistemáticos) y que incluyan muestras de adultos (y no solo de jóvenes) para poder realizar comparaciones intergeneracionales.

      El montaje de Centros de Información Juvenil (CIJ), por su parte, fue desde los comienzos mismos de estos esfuerzos en el dominio de las políticas públicas de juventud (en los años ochenta) una clara prioridad y una de las principales líneas de acción impulsadas en la práctica, a tal punto que mucho antes de hablarse de encuestas y planes integrales, por ejemplo, se priorizaba la creación de instituciones gubernamentales y de centros de información, casi en un pie de igualdad absoluta. Los primeros esfuerzos se desplegaron desde la lógica de espacios físicos a los que las y los jóvenes podían concurrir procurando las informaciones de su interés, y en general, estos espacios se concebían como “propios” de las instituciones gubernamentales, lo cual restaba en gran medida las posibilidades de obtener impactos (en términos de cobertura) medianamente relevantes, pero lentamente, estos CIJ se fueron informatizando, al tiempo que se comenzaron a concretar acuerdos institucionales, asociando municipios y centros educativos (entre otros) a las “redes” de centros de información que se fueron instalando y expandiendo con el paso del tiempo. Pero este “modelo” inicial se vio impactado fuertemente por el desarrollo de la internet, por lo cual, últimamente se ha pasado a trabajar con menos referencia a lugares físicos y más atención al ciberespacio, lográndose más y mejores impactos efectivos.

En paralelo, y aunque todavía se trata de un proceso incipiente, en varios países se han comenzado a poner en funcionamiento los denominados “Observatorios de Juventud”, pero esto ha ocurrido –también- con formatos y lógicas diferentes. En general, en línea con muchos otros “observatorios” que han aparecido últimamente en la región, éstos se han concebido para operar en la realización de diagnósticos de situación, en la evaluación de diferentes programas y proyectos y –en algunos casos- en el seguimiento de medios masivos de comunicación. Pero en la práctica, en casi todos los casos, la mayor parte de los esfuerzos están centrados en diagnósticos de situación, más que en evaluación de planes, programas y proyectos, y aún en los casos en que esto último se contempla, en la mayor parte de los casos se trata de evaluaciones generales y poco específicas, en general programáticas y escasamente institucionales, lo que inhibe la posibilidad de contar con análisis de la propia gestión operativa, decisiva para explicar éxitos y fracasos concretos.

Teniendo en cuenta estas observaciones, se pueden identificar algunos puntos clave desde una óptica más “integral”. Algunos de ellos podrían ser los siguientes:

  • La dinámica de las políticas públicas en su conjunto ha mostrado un gran aislamiento en casi todas las esferas en las que se ha estado trabajando (leyes específicas, encuestas específicas, planes específicos, etc.) y sería mucho más productivo si se trabajara de un modo más articulado con otros espacios institucionales.
  • Se ha trabajado en niveles agregados excesivamente generales (diagnósticos globales de situación, evaluación de grandes programas, etc.) y sería altamente recomendable trabajar en adelante en espacios mucho más específicos, haciendo un particular hincapié en la propia gestión operativa, a nivel micro.
  • Se ha operado casi exclusivamente con jóvenes, tratando de asegurar la efectiva participación juvenil (como respuesta al paternalismo y al adultismo históricamente reinantes) pero ello ha impedido trabajar más y mejor con “tomadores de decisiones” y con la “opinión pública”; esto debiera ser corregido en adelante.
  • Se ha priorizado en exceso el rol de ejecución en el desarrollo efectivo de las diferentes herramientas construidas, y ello ha llevado a descuidar en buena medida otros roles fundamentales, como la animación de procesos y la articulación de esfuerzos; esto también debiera cambiar en el futuro.

 

Si estas conclusiones fueran válidas, en adelante habría que priorizar algunas acciones que hasta el momento se han desarrollado solo excepcionalmente, o simplemente no se han tenido en cuenta. Entre ellas, cabe destacar las siguientes:

  • Análisis de las percepciones adultas en relación a las y los jóvenes, teniendo en cuenta especialmente a aquellos adultos que tienen un vínculo particular con las y los jóvenes  (profesores, personal de salud que atiende adolescentes, familiares, policías, etc.).
  • Incidencia en la opinión pública (a través de medios masivos de comunicación) y de los “tomadores de decisiones” (a través de campañas específicas) procurando modificar sus percepciones relacionadas con las y los jóvenes.
  • Concertación efectiva de acciones programáticas entre todas aquellas instituciones que operan en el dominio de las políticas públicas de juventud, para potenciar la construcción de herramientas comunes, a partir de una efectiva articulación.
  • Evaluación pormenorizada de prácticas promocionales (vínculo profesores-alumnos en la enseñanza media, enfoques de trabajo del personal de salud que atiende adolescentes, etc.) procurando mejorarlas desde todo punto de vista.

 

Conclusiones y recomendaciones

El recorrido realizado permite comprobar que en las últimas décadas se han invertido cuantiosos recursos en políticas de juventud en América Latina, lo que muestra la voluntad política correspondiente de parte de los gobiernos de la región. Sin embargo, dicha inversión se ha concretado –sobre todo- desde la lógica sectorial con la que están organizadas las políticas públicas (educación, empleo, salud, etc.).

Sumado a ello, se ha podido comprobar que los impactos efectivos en las generaciones jóvenes han sido muy acotados: mientras en algunas esferas (educación y salud en particular) se han logrado algunos avances (al menos en términos de cobertura de servicios) en otras esferas (inserción laboral, prevención de la violencia y participación ciudadana, en particular) la situación prácticamente no ha cambiado o incluso se ha retrocedido respecto al pasado. La evidencia existente, es abrumadora.

En paralelo, si bien se ha avanzado en la instalación de instituciones gubernamentales especializadas en el campo de la juventud, y en la construcción de algunas herramientas claves para la acción (encuestas, observatorios, centros de información, etc.) los esfuerzos destinados a impulsar enfoques integrados en el campo de las políticas de juventud no han avanzado, notándose incluso en los últimos años, signos evidentes de estancamiento y hasta ciertos retrocesos al respecto.

Todo parece indicar que más allá de la acotada disponibilidad de recursos (siempre limitados, casi por definición) la principal explicación de los escasos resultados obtenidos está centrada en la escasa pertinencia de los enfoques estratégicos con los que se ha trabajado hasta el momento, centrados en la construcción de espacios específicos para la juventud (casas de la juventud, clubes juveniles, parlamento joven, tarjeta joven, etc.) que han reforzado –incluso- el aislamiento social de las y los jóvenes, en lugar de promover su integración plena (objetivo declarado en todos los programas y proyectos impulsados bajo esta lógica particular).

Las alternativas posibles debieran centrarse en la emulación de la “perspectiva de género” con la que han trabajado los movimientos de mujeres, lo que en el campo de la juventud debiera traducirse en “dotar a todas las políticas públicas de una perspectiva generacional”. Desde este ángulo, las políticas públicas debieran trabajar a tono con el ciclo de vida de las personas, procurando la necesaria continuidad entre las iniciativas destinadas a la niñez, la adolescencia, la juventud, las personas adultas y los adultos mayores, generando las sinergias correspondientes.

Para ello, los gobiernos deberían contar con sistemas institucionales sólidos que impulsen y dinamicen la generación de dichas sinergias, a través de Gabinetes Económicos y Sociales que operen articuladamente en este campo. En dicho marco, los Institutos Gubernamentales de Juventud debieran cumplir funciones de animación de procesos y articulación de esfuerzos, evitando la ejecución directa de iniciativas que distraerían la gestión de lo que realmente importa (y ningún otro organismo puede realizar). Para ello, dichos institutos debieran contar con más personal calificado (y probablemente menos promotores y activistas) y operar con los movimientos juveniles existentes (siempre infinitamente más representativos que cualquier otra alternativa al respecto) para relacionarse con las y los jóvenes. Es tan importante, en este sentido, el trabajo con los propios jóvenes, como el vínculo con los adultos que trabajan cotidianamente con jóvenes, lo que implica concretar cambios sustanciales en las prioridades de tales institutos gubernamentales.

Asimismo, habrá que tener particular cuidado al momento de promover las grandes reformas de política pública, evaluando rigurosamente su eventual impacto en las nuevas generaciones (los Poderes Legislativos tienen en este sentido una gran responsabilidad a futuro) al tiempo que habrá que asignar los recursos presupuestarios a tono con la importancia demográfica y estratégica que tienen las nuevas generaciones, en términos de su participación efectiva en los procesos de desarrollo. Y para todo ello, habrá que seguir evaluando sistemáticamente las políticas públicas de juventud que se diseñen e implementen en el futuro, en el marco de planes de acción que cuenten con metas concretas, responsabilidades institucionales claras y recursos presupuestarios efectivos.

* Sociólogo uruguayo, Director del Centro Latinoamericano sobre Juventud (CELAJU), Coordinador General del Portal de Juventud de América Latina y el Caribe (www.joveneslac.org y www.youthlac.org) y Consultor de las Naciones Unidas, del Banco Mundial, del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y de la Unión Europea, en Políticas Públicas y Desarrollo Social, especialmente en programas y proyectos relacionados con la juventud. ** A propósito del Año Internacional de la Juventud que comenzó el 12 de agosto, el autor sistematizó el conocimiento disponible sobre políticas públicas de juventud en América Latina y el Caribe. El presente documento ofrece una apretada síntesis de los hallazgos realizados en la segunda parte del texto Políticas públicas de juventud en América Latina: Avances concretados y desafíos a encarar en el Marco del Año Internacional de la Juventud, distribuido en la Pre-Conferencia para las Américas (del 24 a 26 mayo de 2010 en Salvador de Bahía) y en la Conferencia Mundial de la Juventud (23 al 27 de Agosto de 2010 en Guanajuato, México). Un resumen de dicho texto se encuentra disponible al final de este artículo, en el listado de documentos relacionados a la temática Para acceder al documento completo: http://unesdoc.unesco.org/images/0018/001880/188003S.pdf. Más información en el Portal de Juventud de América Latina y el Caribe: www.joveneslac.org y  www.youthlac.org.
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