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Tendencias en Foco nº23. Sindicalismo y Formación Profesional: los términos de una relación indivisible

Gustavo Gándara analiza los desafíos que enfrenta el sindicalismo, en lo que respecta a la formación profesional de sus representados, y el rol de las entidades sindicales para mejorar la calidad del empleo y de vida de los/as trabajadores/as.

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La globalización ha impactado en forma desigual en los países, generando en la mayoría de ellos, un aumento de la informalidad, el subempleo, la desprotección social, la exclusión y la pobreza. Se ensancha cada vez más la brecha entre personas altamente calificadas y aquellas que se ven excluidas de los empleos formales, sujetas a la precarización de las condiciones de trabajo (contratos de corta duración, trabajo en negro, etc.), el desempleo y la desprotección social. Dentro de los sectores vulnerables, se encuentran también las mujeres (en especial las que poseen poca formación y son jefas de hogar), las y los jóvenes con escasa formación, las personas migrantes y con capacidades especiales, los indígenas. Este segmento engrosa el sistema informal de la economía, junto con trabajadoras y trabajadores de micro y pequeñas empresas, cuentapropistas. Todos ellos necesitan ser alcanzados y protegidos por mecanismos de negociación que mejoren su calidad de vida y sus condiciones de trabajo.

Es preciso el establecimiento de políticas públicas que mejoren las calidades de trabajo y de vida de la población trabajadora, relacionadas fundamentalmente con la Salud, la Educación y la Formación Profesional.

Hoy el sindicalismo enfrenta el desafío y la oportunidad de defender a sus representados y representar a la vez a las personas que se encuentran en situación de pobreza, de informalidad y de exclusión. Si tradicionalmente, la formación profesional ha sido una tarea que las organizaciones sindicales asumieron como propia, en el actual contexto sociolaboral, adquiere un valor fundamental para las entidades que defienden los derechos de los/as trabajadores/as.

Con un mercado de trabajo cambiante y que demanda de nuevas habilidades y destrezas, la planificación, desarrollo, gestión y evaluación de la formación profesional resulta esencial para mejorar la calidad del empleo y de vida de las personas trabajadoras.

La formación profesional es un derecho del trabajador y, como tal, requiere de políticas y programas de formación permanentes, basados en la generación de consensos para la definición de sus contenidos, para la identificación de los perfiles profesionales y capacidades que se ponen o pondrán en juego y la construcción de los perfiles que serán requeridos a nivel nacional, sectorial, regional, provincial o municipal. Las estrategias formativas deben estar al servicio de los trabajadores/as para que éstos/as puedan encontrar un empleo digno, de calidad y puedan mantener su empleabilidad.

La formación profesional es un instrumento que sirve simultáneamente a una multiplicidad de objetivos. Algunos de ellos se enmarcan preferentemente dentro de los intereses del empleador, mientras que otros se acercan a los intereses de los trabajadores. Aún más, a través de la consecución de objetivos tales como el incremento de la productividad y la mejora de la competitividad de la empresa, pueden verse favorecidos escenarios de aseguramiento de las fuentes de trabajo y, eventualmente de mejoras salariales o extrasalariales.

Desde el punto de vista del trabajador, es evidente que el acceso a mayores niveles de calificación mejora sus posibilidades de mantener su empleo y de mejorar sus condiciones de trabajo en varios aspectos. La sola consideración de estos argumentos advierte del interés sindical por la formación profesional: a través de ella, puede mejorarse las condiciones de trabajo y defender el empleo de los/as trabajadores/as, en definitiva luchar por un trabajo decente.

El desafío mayor consiste en que la formación profesional no se estructure en la empresa de acuerdo a un sistema articulado exclusivamente en base a la relación entre ésta y el trabajador individual. En tal esquema, lo más probable es que la formación se diseñe e imparta tomando en cuenta sólo los intereses del empleador, al no existir una organización colectiva que presione y negocie a favor de las y los trabajadores, y que estos últimos entren en una lógica de competencia entre ellos mismos.

El papel del sindicato en este sentido, consiste justamente en plantear y defender una concepción y una política de formación profesional que no sólo sirva a los objetivos de la empresa, sino también a los intereses y necesidades de las y los trabajadores, asegurando la igualdad de oportunidades en el acceso a la formación y negociando la forma en que los trabajadores se beneficiarán de las mejoras y ganancias que la empresa obtendrá a partir de una mayor calificación del personal.

En definitiva, la formación profesional se erige como un instrumento al servicio de la organización de los trabajadores, en tanto facilita un mayor acercamiento de los trabajadores a la organización sindical en la medida en que ésta comienza a atender un campo de necesidades especialmente sentido por los primeros, el acceso a oportunidades de elevar las propias calificaciones y mejorar las condiciones de trabajo.

Asimismo, la negociación sobre formación profesional posibilita la negociación de otros temas laborales, desde una nueva perspectiva: salario, empleo, carrera laboral, productividad, condiciones de trabajo, pueden ser abordados tomando en consideración los elementos globales que hacen a la gestión de las organizaciones productivas y de servicios, a partir de la negociación sobre aspectos formativos.

La formación profesional en un sentido integral
Cuando hablamos de formación profesional, hacemos referencia a una formación a lo largo de la vida y de calidad, entendida de manera integral abarcando todas las dimensiones de la persona, desarrollando no solo los saberes propios de una determinada ocupación, sino también brindando formación en valores ciudadanos y democráticos, en cultura del trabajo; promoviendo el progresivo crecimiento de las personas con más y mejor formación, promoviendo una amplia pluralidad de modalidades y métodos para responder a las distintas necesidades de las personas adultas y a las estrategias de desarrollo armónico de la sociedad.
Desde esta perspectiva analítica, la formación profesional se ancla en la intersección de la relación educación-trabajo-sistema productivo. Ejes que por otro lado, se encuentran dinámica e íntimamente relacionados y se expresan en una serie de dimensiones.

Dimensiones de las políticas de formación en un marco de productividad sistémica
a) Diálogo social y concertación

El diálogo social tripartito y la negociación colectiva constituyen dos instrumentos valiosos para hacer visibles, concretas y efectivas las propuestas de concertación: la formación permanente, el reconocimiento de las capacidades de los trabajadores/as, la determinación de los perfiles profesionales, etc.

La formación es un eje central de la negociación desde el momento en que se vincula con las necesidades de los procesos productivos y con las necesidades de desarrollo personal y profesional de los trabajadores y trabajadoras.

El desafío con mucho mayor énfasis para el Estado, es instrumentar políticas destinadas a la población que posee empleos informales y precarios. Este segmento de la sociedad sufre con mayor intensidad las consecuencias producidas por la crisis que atraviesa el sector formal de la economía y repercute en las múltiples condiciones de inestabilidad laboral.

Las organizaciones sindicales en nuestro país vienen liderando procesos de concertación, desde una perspectiva de la formación que redefine y amplía determinados procesos que históricamente se circunscribieron a la mirada empresarial. La formación no solo se estructura por procesos como la “innovación tecnológica y organizacional”, “las exigencias de calidad” y “las demandas cada vez mayores de competencias profesionales”, sino que se la vincula con “la solidaridad, “la inclusión social y formativa”, en definitiva con la justicia social.

b) Gestión compartida

Un sistema que integre educación, trabajo y sistema productivo, sin dudas exige la participación de actores sociales.

Empleadores y trabajadores: para que los perfiles profesionales respondan a las necesidades del sistema productivo, del sector y de los trabajadores y trabajadoras.
Estado: para que asegure la articulación entre todos los actores de la sociedad.

Educadores y formadores: para que apoyen el diálogo entre los actores sociales, para que realicen aportes en la definición de contenidos de los perfiles y en los diseños curriculares y para que contribuyan a consolidar el proceso metodológico que permita llevarlas a cabo.

La sociedad: para que esta relación educación/trabajo sea una garantía de la calidad de la mano de obra y una forma de dar valor a los productos.

c) Financiamiento, Estado y actores sociales

La formación profesional está referenciada a las condiciones socioeconómicas de un país porque se inscribe y tiene su razón de ser en el mundo del trabajo y la producción y a partir de ello está fuertemente sesgada por las características del momento histórico por el que atraviese la relación capital/trabajo.

La Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en la sesión Nº 88 de su reunión anual en el año 2000, propuso que la OIT debería sugerir una serie de parámetros sobre inversión en formación, que tengan en cuenta los diferentes contextos de las regiones y países, envergadura de las empresas, sectores de la industria, etc.

En sintonía, la Reunión Tripartita Interamericana sobre Formación, Productividad y Trabajo Decente, llevada a cabo en Río de Janeiro en 2002 sostuvo que era necesario “aumentar las inversiones en formación profesional tanto públicas como privadas”.

En general, existe una variedad de modelos para el financiamiento de la formación profesional. Sobre la base del financiamiento público tradicional que sigue existiendo, han surgido nuevas formas de financiar la formación. (Galhardi, 2007).

Así se presentan en el ámbito internacional, distintos casos de financiamiento, incentivos fiscales para las organizaciones que aporten dinero o especies, crédito fiscal y por acuerdos sectoriales.

En relación con el financiamiento, hasta fines de siglo, la formación profesional se financiaba por dos vías paralelas y públicas, una por medio de impuestos o contribuciones parafiscales para las instituciones de formación y con destino específico. Son impuestos destinados para la formación profesional, que en términos generales se definen por un porcentaje de la masa salarial, con un monto de la contribución que varía de 0,5 a 2,5%. La segunda vía es a través de los sistemas educativos formales del Estado que incluían y financiaban distintas áreas de la formación profesional (Programa Infocus, 2002 OIT).

Pero estos modelos entraron en crisis en la medida que lo hicieron los contextos sociales, políticos y económicos. Así las diversas modalidades institucionales que actualmente adoptan los sistemas de formación de los países de América Latina y del Caribe, se han ido modificando en relación a los cambios que han experimentado el concepto y práctica de la formación profesional y ésta lo hizo en función de las transformaciones que se vienen mencionando.

En principio cabe destacar que la formación profesional ha penetrado en diversos organismos del Estado, diversificando su accionar pero con la mirada específica de cada una de estas instituciones. Se destaca como un actor clave de nuestros días a los Ministerios de Trabajo, dando a la formación un valor asociado a las políticas de empleo. Otros actores que se sumaron al mundo de la FP son organismos que están en la órbita de los Ministerios Desarrollo Social o Producción a nivel nacional o como fruto del proceso de descentralización en diversas instituciones locales.

Una marcada heterogeneidad sintetiza las formas de organización y gestión de la formación profesional en la región. Heterogeneidad que no compromete la consideración que la formación es una inversión y no un costo. No existe ningún modelo universal de inversiones en formación (Montero Leite, 1999). Los gobiernos deberían crear un entorno económico general e incentivos conducentes a incitar a las personas y a las empresas a invertir individual o conjuntamente en la educación y formación. Los países pueden recurrir a diferentes medios y métodos para promover las inversiones en la formación y aumentar los recursos para esta actividad. Las empresas han de desempeñar un papel esencial en las inversiones para la formación. Se precisa la utilización combinada de varios mecanismos para mejorar la inversión en la formación y el acceso a la misma.

Cuando se elija el método contributivo para la financiación de la formación, la distribución de los créditos debería administrarse sobre una base tripartita o, cuando así la determinen los interlocutores sociales, sobre una base bipartita. Las decisiones sobre las políticas de educación y de formación de los gobiernos deberían basarse en un auténtico diálogo tripartito y ofrecer a los interlocutores tripartitos la libertad de desarrollar los mejores medios y métodos para aumentar sus inversiones en la formación.

d) Cooperación Sur–Sur: Aprender de nosotros

Esta modalidad de cooperación internacional, tiene como objetivo favorecer una interacción dinámica entre los países en desarrollo, con vistas a subsanar, con nuestros propios recursos, conocimientos y capacidades, muchos de los problemas que nos son comunes y que responden, a las deficiencias sistémicas, las asimetrías, y la inequidad en las relaciones económicas internacionales.

La formación profesional enfrenta el desafío de realizar un agudo diagnóstico social sobre el perfil de los/as trabajadores/as; integrando valores democráticos, ciudadanos y de solidaridad, formación sindical y contemplando que las competencias se desarrollen a partir de las necesidades sociales y no de demandas economicistas, para que así puedan ser aplicables a contextos amplios y brinden beneficios a la población independientemente de aspectos como género, condición social, cultural, étnica, religiosa, e integren conocimientos, procedimientos, habilidades, actitudes que posibiliten su aplicación en todos los ámbitos de la vida.

La Cooperación Sur-Sur ha demostrado ser un mecanismo útil para enfrentar la realidad mundial y reducir la vulnerabilidad de nuestros países frente a los factores internacionales adversos.

e) Incorporación tecnológica, como un medio

Según palabras de François Dubet (2002), “…la técnica es a la vez un fin y un medio, pues si uno se detiene en la técnica, lo falsea todo.”

Las empresas dependen cada vez más de la calificación de sus trabajadores y de la identificación de estos últimos con su actividad, escenario en el que las nuevas demandas reconocen estrategias operativas tales como:

– trabajadores con mayor capacidad de interpretación y de juicio;
– actualización contextualizada de sus competencias técnicas materializada en el control y la regulación de los sistemas tecnológicos vigentes;
– buena predisposición en acciones de comunicación, asesoramiento y atención en la prestación de servicios.

La tecnología, en tanto herramienta, no es condición suficiente para el desarrollo de los trabajadores, de una empresa o de un sector. Solo se potencia si el trabajador o trabajadora ponen su capacidad en juego.

Desde este marco conceptual, la formación profesional no se restringe al puesto de trabajo, la pertinencia de la formación se sustancia en la medida que da respuestas a las necesidades de las personas y las de sus familias. Es por ello que la integralidad de la formación contempla a la dimensión profesional, pero también a la ciudadana y a la sindical.

Por otro lado, subyace en los contextos formativos la premisa que los saberes no solo se adquieren en el marco de los procesos educativos, sino en el trabajo y en otros ámbitos de la vida social.

Y, como fue señalado, la implementación de políticas de formación profesional requiere del rol activo del Estado, la contribución empresaria, pero fundamentalmente, es indispensable la participación del movimiento sindical con dirigentes y equipos técnicos cada vez más especializados en la materia.
En ese sentido, se presenta también un desafío para las organizaciones sindicales: consolidar un espacio institucional con una estructura estable en condiciones de articular a las instituciones de formación profesional, con capacidades para la innovación de proyectos pedagógicos y el desarrollo de líneas de investigación que generen instancias de reflexión sobre la temática.

Se requiere de equipos técnicos con capacidades para:

1.- Identificar contextos: en los cambiantes escenarios productivos, es necesario comprender el contexto laboral, político, económico y social a los fines de diseñar estrategias formativas adecuadas.
2.- Formular y desarrollar proyectos integrales de formación: supone el diseño y ejecución de proyectos y programas de formación sociolaboral, que integran la formación político-sindical, la formación pedagógica, la formación personal, social, laboral y profesional.
3.- Evaluación institucional: Implica la realización de diagnósticos sobre la calidad de los centros de formación, de los aprendizajes, del diseño curricular, de las capacidades del formadores­­/as y del equipo directivo, de las condiciones de salud y seguridad.

La conformación de un ámbito institucional al interior de los sindicatos centrado en la gestión de la formación profesional contribuye en la elaboración de diferentes estrategias del movimiento sindical para la acción y formación profesional; en la discusión y diseño de políticas públicas específicas; en la gestión de centros o programas de formación profesional, ciudadana y sindical; en el diseño curricular, metodológico y de evaluación integral de la formación.

Para la viabilidad de estas acciones y su proyección en el largo plazo en términos de una política de Estado, es indispensable la institucionalización de espacios de diálogo y negociación con todos los actores involucrados en la producción y en la educación.

La formación profesional debe ser un elemento presente en las instancias de negociación colectiva, parte de las relaciones laborales, que exige acuerdos y coincidencias entre el Estado, los sindicatos y las empresas. Para ello, la constitución de consejos, mesas tripartitas en el plano nacional, provincial y municipal se visibiliza como un espacio que toda organización sindical debe integrar con propuestas y políticas activas.

Un sindicalismo ausente de estos procesos habilita la implementación de acciones formativas en las que solamente cuenten las necesidades de las empresas, acotadas en el tiempo para una finalidad determinada, despreocupadas por los aspectos de calidad en la formación y potenciadoras de diferencias en las calificaciones, generando trabajadores/as de primera y segunda categoría.

La presencia sindical en la definición de las acciones de formación profesional, así como en las distintas etapas de su desarrollo, ejecución y evaluación, garantiza un marco de políticas inclusivas que contemple la mirada de los trabajadores en su propio proceso formativo. Su participación permite que los contenidos de la formación no estén disociados de las necesidades de las personas trabajadoras. De allí, su carácter insustituible, para velar por la valorización social del trabajo y del trabajador/a, para que no quede librada a los designios del mercado.

Cuando las organizaciones sindicales incorporan en sus agendas de trabajo y de reivindicaciones a la formación profesional, transitan por un derrotero de defensa del trabajo decente, de mejora de la calidad del trabajo, de reducción de la brecha educativa en el seno de las sociedades, de promoción de políticas públicas de empleo y de formación, de construcción de espacios democráticos para el diálogo social y de una globalización más justa, con desarrollo humano, bajo los principios de igualdad y equidad, sobre la base de valores de solidaridad y justicia social.

En definitiva, la formación profesional debe ser considerada como una actividad de tipo educativo, en tanto se orienta a proporcionar capacidades, conocimientos, valores y habilidades para el desempeño laboral y para el ejercicio pleno de la ciudadanía. Es una herramienta estratégica en los procesos de innovación y desarrollo tecnológico. Y representa un hecho laboral, por sus contenidos y por preparar a los/as ciudadanos/as para insertarse dentro del mundo del trabajo.

La relación educación/trabajo sintetizada en la formación profesional integral, por contexto y por su esencia, debe surgir de una construcción colectiva, tripartita y en múltiples dimensiones, teniendo en cuenta las demandas del sistema productivo, las políticas de crecimiento del país y las necesidades de los trabajadores/as.

 

Bibliografía consultada

Castel, R. 2008. “La organización del trabajo y sus transformaciones en el mundo contemporáneo”. En: Revista Aulas y Andamios, edición especial, de mayo de 2009.

Dubet, F. 2002. El declive de la institución. Profesiones, sujetos e individuos en la modernidad, Barcelona, Gedisa.

Espinoza Martínez, E., 1995. ” La formación profesional en el cruce de dos caminos”. En: Boletín Técnico Interamericano de Formación Profesional, Nº 131, OIT-CINTERFOR/OIT, abril-junio de 1995.

Galhardi, R. 2007. Financiamiento de la formación profesional en América Latina y el caribe. Un estudio comparativo de buenas prácticas. Capítulo 1. Cinterfor/OIT. Montevideo.

Montanaro, L. 2009. La mirada sindical. Formación profesional y negociación colectiva. Editorial Aulas y Andamios, Buenos Aires.

Montero Leite, E. 1999. “Agenda de una nueva institucionalidad para la educación profesional en América Latina y el Caribe”. En: Boletín Técnico Interamericano de Formación Profesional, Nº 147, OIT-CINTERFOR, setiembre-diciembre de 1999.

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Seminario Interamericano Tripartito sobre Formación Profesional, Productividad y Trabajo Decente. 2002. Informe Final. Río de Janeiro.OIT-CINTERFOR
(http://temp.oitcinterfor.org/public/spanish/region/ampro/cinterfor/conf/2002/inffinal.pdf)

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